Hoy, mis apreciados lectores, nos remontaremos al 1897, cuando en Madrid, se Luis Muñoz Rivera, recibió la Carta Autonómica de Puerto Rico de manos del presidente de Gobierno español Práxedes Mateo Sagasta.
La influencia de las juntas revolucionarias de Cuba y Puerto Rico, junto
con la presión que ejerció la prensa sensacionalista estadounidense,
provocó que el Gobierno de los Estados Unidos se involucrara en la
dirección política de las islas. España debía resolver rápidamente el
conflicto con Cuba; de lo contrario, el Congreso permitiría la
intervención militar a favor de las colonias. En 1897, los españoles les
concedieron varias reformas a Cuba y a Puerto Rico. Estas reformas
fueron parte de lo que se conoció como la Carta Autonómica.
El sistema de gobierno que establecía la Carta Autonómica era
parlamentario y se dividía en tres Ramas: la Ejecutiva, la Legislativa y
la Judicial. La Rama Ejecutiva estaba dirigida por un gobernador, que
estaba a cargo de todo lo relacionado con la seguridad del País. El Rey
de España nombraba al gobernador y éste, a su vez, era el representante
de la Corona Española. La Cámara Legislativa se componía de dos Cámaras:
el Consejo Administrativo, compuesto por quince miembros; y la Cámara
de Representantes, constituida por 35 miembros. La Audiencia Territorial
formaba la Rama Judicial, que, a su vez, estaba subordinada al Tribunal
Supremo de España.
A pesar de las reformas de la Carta Autonómica, Puerto Rico continuaba
siendo una colonia española. La Corona española mantenía el control de
los ejércitos, la justicia y los asuntos diplomáticos. Además, el
gobernador seguía siendo representante directo del rey. Sin embargo, la
Carta Autonómica incluyó otros elementos nuevos, algunos de los cuales
fueron bien acogidos por los puertorriqueños. La Isla mantuvo su derecho
de tener representación en las Cortes españolas. Se estableció el
sufragio universal, que consistía en el derecho al voto de todos los
hombres mayores de 25 años. También se les otorgó a los puertorriqueños
el poder de decidir si participaban en los tratados comerciales que
España firmaba. Puerto Rico adquirió el derecho de estipular los
impuestos de importación y exportación. Se le concedió al pueblo el
derecho a elegir sus gobiernos municipales.
El Partido Autonomista Puertorriqueño se disolvió en 1896, a causa de
las luchas internas entre los autonomistas. Algunos de sus integrantes
siguieron a Luis Muñoz Rivera, y los otros, a José Celso Barbosa.
