Hoy nos remontaremos al 1978, al cuarto pico más alto de Puerto Rico, hubicado en la frontera entre Ponce y Jayuya, cuando dos jóvenes activista proindependencia fueron asesinados en una emboscada a manos de la policía.
El caso del cerro Maravilla o los asesinatos en el cerro Maravilla fueron las denominaciones utilizadas por los medios de comunicación y el público puertorriqueño para describir los eventos que ocurrieron el 25 de julio de 1978 en el cerro Maravilla, una montaña en Puerto Rico, donde dos jóvenes activistas proindependencia puertorriqueños fueron asesinados en una emboscada de la policía. El evento provocó una serie de controversias políticas, tras las cuales los oficiales de policía fueron encontrados culpables de asesinato y varios funcionarios de alto rango del Gobierno local fueron acusados de planificar o encubrir el incidente.
Inicialmente declarada una intervención policial contra terroristas, los medios locales no tardaron en dudar de los testimonios de los oficiales, así como del único testigo sobreviviente, debido a sus inconsistencias. A regañadientes, el gobernador de Puerto Rico en la época, Carlos Romero Barceló, ordenó al Departamento de Justicia local que iniciara varias investigaciones y solicitó al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ayudaran en tales investigaciones, las cuales concluyeron en que no hubo mala conducta de parte de los oficiales; sin embargo, después de que el partido político opositor local iniciara sus propias investigaciones, nuevas evidencias y testimonios revelaron una gran negligencia y la perpetración de los asesinatos por parte de los oficiales, así como la posibilidad de un encubrimiento a nivel local y federal. Consecuentemente, tuvieron lugar juicios locales y un total de diez oficiales fueron convictos de varios crímenes.
El incidente y los eventos posteriores se han convertido en uno de los momentos más controvertidos en la historia política de Puerto Rico. A menudo, activistas locales independentistas lo califican de represión política contra el movimiento de independencia puertorriqueño. Hasta la fecha, la mayor parte de las personalidades públicas, incluyendo a aquellas que no estuvieron involucradas en el caso, raramente realiza comentarios sobre el incidente.
